Las personas levantan el puño y sostienen pancartas mientras se manifiestan en Nantes, durante una '' Black Lives Matter '', protestas mundiales contra el racismo y la brutalidad policial a raíz de la muerte de George Floyd, un hombre desarmado asesinado mientras fue detenido./AFP.
El gobierno francés anunció el lunes una política de "tolerancia cero" del racismo dentro de los cuerpos de seguridad, frente a las manifestaciones contra el racismo y la violencia policial en Francia, alentadas por la muerte de George Floyd en Estados Unidos.
"Ningún racista puede llevar dignamente el uniforme de policía o de gendarme", declaró este lunes el ministro francés de Interior, Christophe Castaner, afirmando que cualquier miembro de las fuerzas de seguridad que sea sospechoso de ese tipo de discriminación sería suspendido.
Asimismo, decretó la prohibición del método de arresto que consiste en "agarrar por el cuello, llamado 'de estrangulamiento'".
Un poco antes, el presidente Emmanuel Macron había instado al gobierno a "acelerar" el expediente relativo a la deontología de las fuerzas de seguridad.
En enero, tras la muerte de un repartidor durante un control policial en París, Macron pidió a Castaner que presentara propuestas para mejorar "la deontología, los elementos de control" de las fuerzas de seguridad.
Macron pidió también a la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, que estudie el caso de la muerte de Adama Traoré, un joven negro de 24 años que falleció en 2016 mientras estaba detenido.
Una oleada de protestas, organizadas a raíz de la muerte del estadounidense negro George Floyd, asfixiado por un policía blanco durante su detención el 25 de mayo, revivió el caso de Adama Traoré y la polémica por los supuestos actos de racismo y violencia cometidos por las fuerzas de seguridad francesas.
El sábado pasado, 23.300 personas se manifestaron en Francia, 5.500 de las cuales en París, contra la violencia policial, según cifras del Ministerio de Interior.
El organismo de vigilancia de la policía francesa anunció el lunes que el año pasado recibió cerca de 1.500 quejas contra oficiales, la mitad de ellas por supuesta violencia.